La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha generado un debate jurídico al emitir fallos contradictorios sobre el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Tercera Sala acogió un recurso de protección, deteniendo el cobro impulsado por la Tesorería General de la República (TGR) para una deudora específica. El tribunal determinó que los créditos educativos poseen una naturaleza especial y que su ejecución mediante normas tributarias lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley. No obstante, la Cuarta Sala rechazó cuatro recursos similares, argumentando que la discusión sobre la naturaleza jurídica del CAE excede el ámbito cautelar del recurso de protección. Esta divergencia de criterios entre las salas deja abierta la incertidumbre sobre la legalidad de los procedimientos de embargo utilizados por el Estado para recuperar estas obligaciones financieras.