La Corte Suprema de Justicia ha realizado una inspección en la oficina de la congresista Gloria Arizabaleta el 11 de junio de 2026, tras su orden de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, una acción considerada inconstitucional por sectores oficialistas y de oposición. El magistrado Misael Rodríguez habría ordenado la recolección de documentos relacionados con dicha suspensión. La congresista enfrenta una suspensión provisional por parte de la Procuraduría General de la Nación por prevaricato, sumándose a las acusaciones de extorsión contra el Gobierno y una supuesta concertación con campañas políticas opositoras, mientras que el presidente Petro ha rechazado la medida, calificándola de ilegal y sugiriendo que busca enturbiar su labor, aunque también ha sido objeto de teorías sobre un "autoatentado legislativo".