La Procuraduría General de la Nación ha emitido un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud el 8 de abril de 2026, exigiendo un informe detallado sobre el estado de la Nueva EPS, la mayor promotora de salud de Colombia, cuyos 11 millones de afiliados se encuentran en incertidumbre tras el vencimiento de la intervención estatal el 3 de abril. El Ministerio Público busca determinar si la administración forzosa ha logrado sanear la entidad o si persisten los problemas financieros y de servicio, calificando la situación de “limbo institucional” ante la falta de un nuevo gerente o prórroga oficial. La crisis se agrava por la ruptura comercial con Colsubsidio, que ha generado escasez de medicamentos y quejas ciudadanas, poniendo en riesgo el acceso a la salud para la población vulnerable.