Una crisis política sin precedentes se desata tras acusaciones formales presentadas el miércoles pasado ante un tribunal estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y once funcionarios y exfuncionarios, por asociación delictuosa, narcotráfico y manipulación electoral, según el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton. La acusación señala la intervención del Cártel de Sinaloa, específicamente Los Chapitos, en las elecciones de 2021 a cambio de protección e impunidad, lo que ha elevado la tensión bilateral con Estados Unidos, provocando reclamos de México por violación de confidencialidad y calificando la acusación de política. La situación se agrava por un incidente previo en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA murieron en un operativo antinarcóticos autorizado sin la debida atribución constitucional, y por filtraciones previas sobre investigaciones contra "narcopolíticos" mexicanos. De confirmarse estas acusaciones, se evidenciaría una captura del poder político por el crimen organizado, presentando a México como un estado fallido y rompiendo límites en la persecución penal, obligando a la presidenta Sheinbaum a una difícil decisión: proteger o entregar a los acusados.