La administración Trump intensificó en 2026 su campaña de sanciones contra Cuba, enfocándose en las fuentes de financiamiento y las entidades que sostienen el aparato represivo del régimen. Las medidas, autorizadas por órdenes ejecutivas como la 14380 y la 14404, se dirigieron a sectores clave como las fuerzas armadas, energía, turismo, remesas y servicios financieros. Se sancionó al conglomerado militar GAESA, Moa Nickel S.A., la Dirección General de Inteligencia (DGI), el Ministerio del Interior (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y a funcionarios de alto nivel, incluyendo al propio Miguel Díaz-Canel y su familia. El objetivo es limitar los ingresos del régimen, presionar por cambios democráticos y atacar sus pilares de poder.