Durante 2026, la administración del presidente Donald Trump implementó la campaña de sanciones más agresiva contra la dictadura cubana en años, enfocándose en desmantelar las fuentes de financiamiento y el aparato represivo del régimen. A través de las Órdenes Ejecutivas 14380 y 14404, Estados Unidos declaró una emergencia nacional y amplió su capacidad legal para sancionar sectores estratégicos como la energía, defensa, minería y servicios financieros. Las medidas impactaron directamente a entidades clave como el conglomerado militar GAESA, la empresa CUPET y organismos de seguridad como la DGI y el MININT. Asimismo, se impusieron sanciones personales a figuras prominentes, incluyendo al dictador Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro. El objetivo central de esta estrategia gradual es limitar los ingresos de la cúpula gobernante y presionar al régimen para que impulse cambios democráticos en la isla.