El artículo argumenta que una serie de reformas recientes en México, incluyendo la prisión preventiva oficiosa, modificaciones a la ley de amparo y la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas sin control judicial, han debilitado los derechos humanos y la presunción de inocencia. El autor, Francisco Rivas, señala que estas medidas, aprobadas tras la consolidación de una mayoría artificial en el Poder Legislativo y el control sobre el Poder Judicial, crean un escenario donde los ciudadanos son "culpables hasta que demuestren su inocencia", con riesgo de perder libertad y patrimonio por sospecha y sin garantías. A pesar de que el gobierno afirma que buscan combatir el crimen organizado, Rivas sostiene que violan derechos fundamentales, dificultan la defensa legal y generan incertidumbre jurídica, lo que podría ahuyentar inversiones y generar pobreza, encaminando al país hacia el autoritarismo.