Diego Soto Montero, conocido como el “profanador de tumbas”, fue sentenciado a 450 días de reclusión en libertad tras aceptar su responsabilidad en tres delitos: ultraje de cadáver, ultraje de sepultura y daños a monumentos nacionales. Los hechos ocurrieron en 2025 en el Cementerio General de Recoleta, donde Soto fue captado en videos realizando actos de vandalismo y profanación, incluyendo el uso de una tumba como rampa de skate y la sustracción de un cráneo. Tras pasar más de dos meses en prisión preventiva, la Fiscalía ofreció un procedimiento abreviado. El tribunal impuso 150 días de reclusión por cada delito, una multa de 2 UTM y la suspensión de cargos públicos. Sin embargo, debido a su irreprochable conducta anterior y colaboración, se le concedió una pena sustitutiva en libertad, que implica firma periódica en un centro de reinserción social. La multa fue considerada cumplida por el tiempo en prisión preventiva, y se le eximió del pago de costas.