En Colombia, el embargo de una vivienda familiar solo procede en dos circunstancias principales: si las deudas están directamente relacionadas con el crédito hipotecario o el leasing habitacional que financió su compra, o si hay incumplimiento en el pago de impuestos prediales, valorización u otras cargas fiscales asociadas a la propiedad. Las deudas de carácter civil también pueden llevar al embargo si el inmueble fue establecido como garantía o la ley lo permite mediante sentencia judicial. Es crucial que la inscripción de la vivienda como familiar o patrimonio de familia cumpla con todos los requisitos legales para su protección. Existen dos tipos de embargo: preventivo, previo a una decisión judicial final, y ejecutivo, posterior a un mandamiento de pago. Para proteger un inmueble de un embargo, se puede recurrir a la figura de afectación a vivienda familiar (Ley 258 de 1996) o al patrimonio de familia (Ley 70 de 1931), siempre que se cumplan sus respectivos requisitos, como la residencia familiar y no poseer más de una propiedad.