La Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia T-059 de 2026, ha establecido un precedente al considerar la inasistencia alimentaria reiterada y prolongada como violencia económica y de género. El tribunal determinó que el incumplimiento sistemático de las cuotas alimentarias perjudica los derechos de los menores y sobrecarga desproporcionadamente a las madres, perpetuando desigualdades estructurales. Maniobras como ocultar bienes o simular ventas para evadir el pago ya no serán tratadas como simples conflictos patrimoniales. El fallo surge del caso de Amalia, quien junto a su madre, luchó 19 años contra su padre Damián por el pago de la cuota alimentaria y otros compromisos económicos, enfrentando evasivas legales que incluyeron una simulación de venta de inmueble y una deuda acumulada de casi 39 millones de pesos, lo que derivó en una condena penal y la ratificación de la violencia económica por parte de la Corte.