Durante casi una década, las agencias de seguridad de Estados Unidos han construido un caso contra los líderes del Cártel de Sinaloa, conocidos como Los Chapitos, que escaló desde operaciones de tráfico en Los Ángeles hasta involucrar a altos funcionarios del gobierno de Sinaloa. La investigación se basó en informantes clave, incluyendo a exmiembros del círculo cercano de Ovidio Guzmán López, quienes proporcionaron detalles sobre laboratorios de fentanilo, operaciones de transporte de drogas y transferencias millonarias de ganancias. Este extenso trabajo de inteligencia culminó con la acusación formal de 38 personas, incluyendo a los líderes del cártel, operadores, proveedores internacionales y diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, acusados de conspirar para introducir narcóticos en EE. UU. y proteger al cártel a cambio de apoyo político. Los recientes arrestos y entregas de exfuncionarios sinaloenses como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ambos acusados de conspiración, marcan la progresión del caso hacia la estructura política.