La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la restitución del suministro de agua potable a un residente del Condominio Casas del Polo Rayen, cuya tubería fue cortada por la administración debido a una deuda de gastos comunes superior a $8,8 millones. A pesar de que el afectado tenía un acuerdo de pago y había realizado abonos parciales, el condominio procedió con la medida, aprobada por la asamblea de copropietarios, basándose en un reglamento que permitía restringir servicios por mora de más de tres meses. Sin embargo, la Corte determinó que la Ley de Copropiedad no autoriza la suspensión del suministro de agua, considerando el corte como una "vía de hecho" ilegal y un atentado contra garantías constitucionales, ya que el acceso al agua es esencial para la subsistencia y dignidad humana.