La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el decreto 1390 de 2025, que sustentaba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno de Gustavo Petro. El magistrado Carlos Camargo explicó que la Sala Plena determinó que el decreto vulneró los principios democráticos y de separación de poderes, consagrados en el artículo 113 de la Constitución. La Corte reiteró que la separación de poderes es una garantía esencial para evitar la concentración arbitraria de poder y proteger la participación ciudadana en decisiones presupuestarias y tributarias. Se determinó que siete de los ocho hechos invocados por el Gobierno no acreditaron el carácter sobreviniente, extraordinario e impredecible necesario para habilitar facultades excepcionales, sino que correspondían a situaciones estructurales y predecibles que deben ser atendidas por mecanismos ordinarios.