El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó un informe sobre las elecciones generales de 2026, concluyendo que no hay pruebas fehacientes de fraude electoral. Sin embargo, reconoció la existencia de hechos irregulares que involucran a funcionarios de la ONPE y el JNE, quienes mostraron desconocimiento de sus competencias y una falta de coordinación oportuna. Estos incidentes, especialmente evidentes en Lima Metropolitana, generaron acusaciones mutuas de negligencia. Gutiérrez también afirmó la validez de las actas de la serie 09000, sustentadas por el padrón electoral e instaladas en zonas rurales de difícil acceso. A pesar de los cuestionamientos, el Defensor del Pueblo insistió en que no existen las condiciones técnicas ni legales para afirmar la existencia de un fraude electoral.