La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una seria advertencia sobre un recorte presupuestario significativo proyectado para 2027, que reduciría su asignación a $1,06 billones, un 11% menos que en 2026 y un 17% menos que en 2024. Este ajuste, que rompe con una década de crecimiento, impactaría gravemente la inversión, cayendo un 59% a aproximadamente $66.000 millones, y comprometería funciones esenciales de protección y promoción de derechos humanos. La defensora Iris Marín señaló que esto limitará misiones humanitarias, afectará las "casas de derechos" en regiones vulnerables, frenará la apertura de nuevas sedes y podría disminuir el número de defensores públicos, dificultando el acceso a la justicia y la sostenibilidad de programas para jóvenes en riesgo.