La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento crítico respecto a la liquidación del Ministerio de la Igualdad (MinIgualdad), señalando que el decreto 626 del 19 de junio de 2026, que asigna sus funciones al Ministerio del Interior sin costo alguno, adolece de falta de precisión. La entidad cuestionó si las capacidades técnicas, operativas y humanas del Ministerio del Interior serán suficientes para asumir las nuevas responsabilidades, generando incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y contratistas de la cartera en liquidación.