Cinco ciudadanos venezolanos, que zarparon desde Colombia buscando un mejor futuro, fueron capturados y deportados desde Aruba, donde se les concedió libertad plena por haber intentado ingresar de forma irregular a la isla. Al regresar a Venezuela en abril, cinco de ellos fueron detenidos y acusados de narcotráfico y asociación para delinquir por la Guardia Nacional Bolivariana, a pesar de que en Aruba no existían cargos penales en su contra. El abogado Kerrins Mavarez denunció la detención arbitraria el 15 de marzo frente a los tribunales de Punto Fijo, estado Falcón, argumentando que las pruebas en su contra son inexistentes y que su única falta fue migratoria. La defensa presentará el caso ante la comisión nacional para la reforma de la justicia penal.