La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció nuevas amenazas de muerte contra coordinadores en diversas regiones del país, dos días después del asesinato de dos miembros de su equipo en el Meta. El movimiento ciudadano Defensores de la Patria calificó las amenazas como "hechos documentados" y exigió a la Fiscalía General de la Nación una investigación penal, el rastreo de los números de origen y medidas de protección para los amenazados. Se recordó al Gobierno nacional su obligación constitucional de garantizar la vida y se solicitó la intervención de la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos de derechos humanos para prevenir la violencia electoral.