La ONG Acceso a la Justicia ha señalado que el decreto de Estado de Emergencia firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a raíz de los terremotos del 24 de junio, no se ajusta al marco constitucional venezolano. Según la organización, el decreto debió basarse en el artículo 338 de la Constitución, que establece un "Estado de Alarma" para calamidades como esta, en lugar de un Estado de Emergencia. Esto invalida las restricciones temporales a derechos constitucionales contempladas en el artículo 6 del decreto, que faculta al Ministerio de Interior, a cargo de Diosdado Cabello, para ocupar temporalmente instituciones, establecimientos y terrenos, así como requisar bienes y servicios necesarios para la población afectada.