Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo han impugnado la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra las conductas investigadas desde 2019, argumentando que la FGR no encuadró el caso como trata de personas ni delincuencia organizada. La FGR determinó que los hechos denunciados no encuadran jurídicamente en dichos tipos penales, a pesar de que las denunciantes aportaron testimonios sobre esquemas de control interno, coerción, manipulación psicológica, abuso sexual y explotación, particularmente de menores y jóvenes. La decisión se hizo pública tras la llegada de Ernestina Godoy a la FGR. Ada Camarena señaló una contradicción en el criterio de la Fiscalía. El caso, que incluye señalamientos contra figuras políticas y religiosas, así como el bloqueo de cuentas bancarias por lavado de dinero y el entrenamiento paramilitar de un grupo interno, será revisado por un juez federal el 16 de abril de 2026 en Jalisco.