El Tribunal Constitucional (TC) enfrenta una fuerte crisis política tras emitir un fallo que invalida disposiciones clave de la ley “Escuelas Protegidas”. La presidenta del organismo, Daniela Marzi, utilizó su voto dirimente en tres ocasiones para declarar inconstitucional la facultad de Carabineros y la PDI de revisar mochilas de estudiantes, así como la prohibición de usar prendas con apología a la violencia. Esta decisión ha desatado duras críticas desde la derecha, donde figuras como el diputado Pier Karlezi y el senador Arturo Squella acusan al tribunal de presentar un sesgo ideológico y de pagar favores políticos al gobierno de Gabriel Boric. Ante este escenario, sectores del oficialismo y la oposición consideran necesaria una reforma constitucional que modifique el sistema de nombramiento de los ministros del TC para evitar la politización de la institución.