Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, defendió la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas para llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU. Albán aclaró que la resolución del Comité examina la evolución de la situación hasta la actualidad, basándose en interacciones desde 2012, y no se limita a un periodo anterior al gobierno actual. Reconoció diferencias jurídicas y políticas con México, pero enfatizó que el desacuerdo es legítimo mientras que la descalificación del informe por parte del gobierno mexicano como "tendencioso" es cuestionable, instando a preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y a mantener un marco de cooperación para beneficio de las víctimas.