En México, el crimen organizado ha trascendido la violencia para ejercer un control territorial y social comparable al de un gobierno formal en muchas regiones. Esto se manifiesta en la desaparición forzada de personas, con aproximadamente 130 mil casos registrados oficialmente, aunque la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al miedo y la desconfianza que impiden las denuncias. Las familias de las víctimas se ven obligadas a convertirse en investigadoras y defensoras ante la inacción o complicidad de las autoridades, enfrentando una incertidumbre tortuosa al no tener certeza sobre el paradero de sus seres queridos. El crimen ha encontrado en la desaparición una herramienta para la impunidad y para manipular estadísticas, mientras controla actividades económicas y recluta forzosamente a jóvenes, evidenciando una sustitución del Estado que requiere la reconstrucción del tejido social y la oferta de identidad, propósito y futuro.