El artículo reflexiona sobre la problemática de la desaparición de personas en México, enfocándose en la manipulación de cifras y la insuficiencia del marco legal para abordar este grave drama. Se critica la "reclasificación unilateral" de datos sobre desaparecidos, condenada por la ONU como "desaparición sistemática", señalando que la reducción numérica sin resolución efectiva no resuelve el problema. El autor, desde una perspectiva jurídica, plantea dudas sobre la tipificación penal actual, la privación de libertad y la negativa a proporcionar información, así como la complejidad de determinar la víctima y el bien jurídico tutelado. Se discute la jerarquía normativa entre leyes nacionales y tratados internacionales, y la necesidad de un control de convencionalidad efectivo para garantizar la protección de los derechos humanos ante la dispersión de facultades y la falta de claridad en la organización del sistema.