El artículo de Alfonso Zárate aborda la alarmante crisis de desapariciones en México, destacando la complicidad o aquiescencia de autoridades en todos los niveles con grupos criminales que extorsionan, secuestran y desaparecen personas. A pesar de los avances institucionales reconocidos por el Comité para la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la impunidad es casi absoluta. El CDF urge a México a adoptar una política nacional efectiva, abandonar la militarización de la seguridad y erradicar las causas estructurales de la impunidad. El informe señala 28,880 desapariciones entre enero de 2023 y abril de 2025, fosas clandestinas, y la presunta participación de servidores públicos, un fenómeno que ha crecido en los gobiernos de la 4T, a pesar de que el Estado no tenga una política de desapariciones de enemigos. El Comité propone asistencia técnica y financiera de la ONU para México en búsqueda, forenses e investigación de vínculos con el crimen organizado, y el gobierno debería aceptar esta cooperación.