La ONG Provea documentó un alarmante incremento del 196% en desapariciones forzadas en Venezuela durante 2025, alcanzando 160 víctimas frente a las 54 de 2024, con muchos casos afectando a dirigentes sindicales que sufrieron incomunicación prolongada y detenciones arbitrarias. Paralelamente, se registraron 336 asesinatos por fuerzas policiales y militares, sin investigación por parte del Ministerio Público, elevando el total a 10.853 desde 2013. El informe, presentado en Caracas, también detalló 659 denuncias de tortura y señaló una grave regresión democrática, con un aumento del 102% en detenciones políticas, un salario mínimo ínfimo, y severas restricciones de acceso a agua potable y servicios de salud colapsados, consolidando la peor crisis de derechos humanos reciente.