Organizaciones de la sociedad civil han respondido al rechazo del gobierno federal al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, defendiendo sus hallazgos técnicos y calificando la descalificación oficial como preocupante y no una estrategia de Estado. Subrayan que la impunidad en casos de desaparición supera el 98%, y que la soberanía se ejerce cumpliendo tratados, no desacreditando recomendaciones. A pesar de los marcos legales e instituciones creadas, la cifra de desaparecidos sigue aumentando y la justicia efectiva no se alcanza, evidenciando que los avances normativos son insuficientes para revertir la crisis estructural. Las organizaciones critican que el Estado ignora la documentación sobre la participación de agentes oficiales y falla en su deber de debida diligencia, evidenciado por la acumulación de más de 83 mil cuerpos sin identificar. Hacen un llamado al gobierno para abandonar la actitud defensiva, reconocer la magnitud de la crisis y entablar un diálogo genuino con las familias y colectivos.