El Congreso despachó una ley que endurece el control a la evasión en el transporte público de la Región Metropolitana, buscando combatir una problemática que afecta a los usuarios y al sistema. La normativa introduce nuevas sanciones y mecanismos de fiscalización para quienes no paguen el pasaje, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia del servicio. Esta medida responde a la creciente preocupación por los índices de evasión y su impacto económico en las empresas operadoras, así como en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. La ley entrará en vigor tras su promulgación, marcando un hito en la gestión del transporte público en la capital chilena.