El Juzgado de Garantía de Illapel decretó prisión preventiva para cuatro gendarmes y un civil, imputados por una red criminal organizada que operaba desde el Centro de Detención Preventiva de Illapel desde 2021, cometiendo delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos. La jueza Andrea Rojas calificó la red como un peligro grave para la seguridad social debido a la gravedad de los delitos y el uso de funciones públicas. La organización, que incluía a internos, introducía drogas y celulares a la cárcel para reos a cambio de dinero, acumulando ganancias ilícitas estimadas en más de 223 millones de pesos, las cuales eran blanqueadas a través de bienes. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.