Los familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero de 2023 han declarado que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta de Perú si gana las próximas elecciones, programadas para el 7 de junio. Los deudos, que perdieron a sus seres queridos a manos de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, expresan su temor de que el país esté retrocediendo a la década de 1990, un período marcado por la represión y violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Raúl Samillán, representante de los deudos en Juliaca, citó como ejemplo la reciente aprobación de un proyecto de ley que permitiría que los delitos cometidos por militares y policías sean juzgados únicamente por el fuero militar y policial. Según Samillán, esta medida, junto con el respaldo del fujimorismo a leyes "pro crimen" y al gobierno de Boluarte, demuestra una falta de compromiso con la justicia y los derechos humanos, llevando a considerar a Fujimori como una presidenta ilegítima si triunfa, especialmente en regiones del interior donde obtuvo un apoyo minoritario.