Existe una tensión interna en el Gobierno argentino respecto a la designación de las dos vacantes en la Corte Suprema. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propone aprovechar el impulso actual del Senado para completar el tribunal. Sin embargo, el presidente Javier Milei prefiere postergar las nominaciones hasta el recambio legislativo de 2027, buscando evitar acuerdos con el peronismo y asegurar candidatos propios. Esta disputa ocurre mientras el Ejecutivo prepara un decreto para agilizar el nombramiento de jueces, eliminando instancias administrativas previas. Esta medida ha generado críticas en el PRO, específicamente de Jimena de la Torre, quien advierte que reducir la participación ciudadana y el control público pone en riesgo la independencia judicial y las garantías republicanas del proceso de selección.