Una delegación de diputados argentinos, integrada por miembros del peronismo y la izquierda, fue expulsada de Bolivia tras intentar documentar denuncias de represión y torturas durante protestas sociales. Al llegar al aeropuerto de La Paz, agentes de Migraciones les retuvieron los documentos y les prohibieron el ingreso alegando irregularidades migratorias, a pesar de que el diputado Juan Marino contaba con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional. Tras ser trasladados a Santa Cruz de la Sierra, los legisladores, incluyendo a Nicolás del Caño y Alejandra Barry, fueron deportados hacia Argentina. Mientras los afectados denunciaron la vulneración de sus derechos, legisladores del oficialismo boliviano, como Tomasa Yarhui y Alejandro Reyes, respaldaron la medida calificándola como una intromisión política y un intento de desestabilizar el gobierno democrático boliviano.