El Gobierno chileno ha decidido mantener los recursos destinados a seguridad, una medida que ha sido valorada por diputados republicanos. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia escolar, evidenciada por movilizaciones de funcionarios de la educación municipal en Puerto Montt y un ataque en Calama que ha acelerado un proyecto para permitir revisiones de mochilas y otras medidas de seguridad en colegios. Paralelamente, se han producido detenciones de estudiantes portando armas y drogas en Angol, y se han implementado arrestos domiciliarios para comuneros en Púlpito. En el ámbito regional, se han designado nuevos delegados provinciales y seremis en Valparaíso, mientras que en Argentina, la justicia ha suspendido parcialmente la reforma laboral de Milei.