La División de Trata de Personas del Perú ha intervenido en casos de ciudadanos peruanos que fueron engañados con falsas ofertas de trabajo en Rusia y, en cambio, se encontraron siendo forzados a combatir en la guerra contra Ucrania. Decenas de familias han denunciado la desaparición de sus parientes tras arribar a Rusia, donde les confiscaron sus documentos y les obligaron a firmar contratos en ruso, supuestamente para saldar una deuda de su traslado. El abogado Óscar Schiappa-Pietra ha calificado la situación como un delito internacional de mercenarismo, condenado por la comunidad internacional, e instó a la Cancillería peruana a liderar la investigación, la repatriación de los compatriotas y la solicitud de explicaciones al gobierno ruso, mencionando la Convención Internacional contra el Mercenarismo de la ONU como base legal.