Un documento clave expone que el exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay solicitó formalmente refuerzos en su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP) antes de su asesinato, advirtiendo sobre amenazas debido a su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro y su precandidatura. A pesar de detallar riesgos, incluyendo su historial familiar de victimización del conflicto armado y la necesidad de protección para su familia y en sus desplazamientos, la UNP no aprobó las ampliaciones solicitadas, argumentando razones administrativas y que la corporación legislativa no contempló las propuestas económicas. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, atribuyó la responsabilidad de la evaluación de riesgo a la Policía y sugirió que Uribe Turbay manejó mal su esquema de seguridad, dividiéndolo y cometiendo errores que comprometieron su protección.