El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, acusándolos de usar sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia ese país. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense respaldó la acusación y advirtió que este caso es solo el inicio de una ofensiva a gran escala contra funcionarios ligados al narcotráfico, declarando que se acabó la impunidad. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuestionó la acusación por considerar que no hay pruebas claras suficientes y sugirió que podría tener motivos políticos, lo que ha generado tensión en la relación bilateral. Este hecho es sin precedentes al ser el primer gobernador en funciones señalado por EE.UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado.