En España, los pactos entre el PP y Vox en comunidades como Castilla y León, Extremadura y Aragón incluyen la exigencia de "prioridad nacional" para el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida, basándose en un arraigo territorial mínimo y reforzado. Estas políticas, que buscan asignar recursos públicos prioritariamente a residentes de larga duración, ya han generado controversia y están siendo impugnadas judicialmente. Un caso relevante es el decreto del Gobierno canario que exige 12 años de residencia para acceder a vivienda pública, considerado por organizaciones sociales como discriminación indirecta contra la población migrante. Juristas argumentan que estas medidas podrían vulnerar el artículo 14 de la Constitución, referente a la igualdad ante la ley. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dictaminado que los requisitos de arraigo prolongado pueden constituir "discriminación indirecta" contra beneficiarios de protección internacional. La vía jurídica para combatir estas políticas se centra en el contencioso-administrativo y, potencialmente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuya doctrina se ha ampliado recientemente para admitir la impugnación de reglamentos.