Productores rurales de dieciséis municipios del sudeste bonaerense, incluyendo Ayacucho, Tandil y Necochea, han iniciado una ofensiva legal contra las administraciones locales por el cobro de tasas viales sin la debida contraprestación. Los ruralistas, asesorados por estudios jurídicos, denuncian que los fondos recaudados para el mantenimiento de caminos rurales, actualmente intransitables, son desviados para financiar gastos corrientes municipales. Tras el fracaso de los reclamos en los Concejos Deliberantes, el sector agropecuario busca replicar fallos judiciales previos en Azul y Daireaux que obligaron a devolver dinero por servicios no prestados. Pablo Ginestet, de CARBAP, respaldó la medida, enfatizando que la situación se ha agravado en los últimos tres años, forzando a los intendentes a elegir entre mejorar la infraestructura o enfrentar demandas masivas.