El régimen chavista ha iniciado el desmantelamiento de la polémica jurisdicción de terrorismo, creada y utilizada para procesar y condenar a opositores políticos. Los expedientes de importantes dirigentes de Vente Venezuela han sido transferidos a tribunales penales ordinarios, lo que expertos legales como Omar Mora Tosta y Joel García califican como una admisión de la inconstitucionalidad de origen de estos tribunales especiales. Estos tribunales fueron establecidos mediante resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no por ley, siendo considerados "ad hoc" y proscritos internacionalmente. La ONG Acceso a la Justicia exige la nulidad integral de los procesos y la liberación de los procesados, argumentando que cualquier decisión o condena emitida por tribunales viciados de origen es nula.