Un correo electrónico interno del Ministerio de Justicia de Chile, enviado por la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, revela una instrucción de no apelar ni intervenir en ciertas causas de DD.HH., particularmente aquellas en etapa de cumplimiento o que involucran a condenados por violaciones a los derechos humanos. Este correo contradice la versión del ministro Fernando Rabat, quien negó haber dado tales órdenes, y ha reavivado las críticas de la Asociación de Funcionarios de DD.HH. (ANFUDDHH), que acusa una limitación del mandato institucional y una potencial tendencia a favorecer la impunidad. La controversia, iniciada por exjefas del programa, se intensifica con la aparición de este antecedente concreto que tensa la versión oficial y subraya el debate sobre el rol del Estado en la garantía de cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad.