El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una significativa tensión con el Banco de la República al advertir que, de continuar el aumento de las tasas de interés, se incrementará el salario mínimo. Esta amenaza surge tras desacuerdos técnicos sobre la política monetaria y críticas del presidente hacia la institución, lo que ha deteriorado las relaciones institucionales. Sin embargo, la Constitución y la Ley 278 de 1996 imponen restricciones legales a esta intención, impidiendo aumentos discrecionales del salario mínimo dentro de un mismo año fiscal y exigiendo un proceso de negociación tripartita obligatoria ante la Corte Constitucional. Un decreto unilateral del presidente para aumentar el salario mínimo sin seguir estos procedimientos enfrentaría una alta vulnerabilidad jurídica y podría ser anulado.