El Gobierno argentino ha admitido que carece de los votos necesarios en el Congreso para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y que las posibilidades de renegociación son limitadas. La ley, promulgada en octubre de 2025, se encuentra suspendida hasta definir fuentes de financiamiento específicas, y el Ejecutivo no planea reintroducir el proyecto de febrero, considerándolo obsoleto. Un fallo judicial reciente que ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos relacionados con salarios de docentes y becas estudiantiles fortaleció la posición de las universidades. A pesar de esto, la Nación insiste en actualizar las partidas y cumplir con las obligaciones judiciales, mientras se prepara para un recurso ante la Corte Suprema. La preocupación gubernamental se extiende a la posible reactivación del conflicto universitario y a una nueva marcha federal convocada para el 12 de mayo, que podría reavivar el debate público sobre el tema.