El Gobierno argentino convocará a los rectores de los hospitales universitarios después de la Marcha Federal Universitaria para establecer un nuevo criterio de distribución de fondos, con el objetivo de resolver un conflicto por $79.763.113.948 que no se han ejecutado. Esta partida, gestionada por la subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se administró históricamente de forma discrecional. Las universidades, que denuncian no haber recibido estos fondos durante cinco meses, advierten sobre el riesgo de paralización de sus hospitales, mientras que el subsecretario Alejandro Álvarez acusa a la UBA de intentar acaparar la mayoría de los fondos. La UBA, por su parte, critica la demora en la convocatoria y la falta de pago, que afecta tratamientos críticos.