El Gobierno argentino, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026 publicado en el Boletín Oficial, destinó parte de los ingresos por privatizaciones y la venta o administración de inmuebles públicos al Ministerio de Defensa para financiar el reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La norma establece que el 10% de los fondos obtenidos por la disposición de inmuebles estatales, y el 70% si estos pertenecían previamente a Defensa, serán asignados a ese ministerio. Asimismo, el 10% de los recursos de procesos de privatización de empresas o participaciones estatales también se destinará a ese fin, como fuente complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Esta medida busca enfrentar nuevas amenazas como ciberataques e inteligencia artificial, garantizar capacidad de disuasión por la extensión territorial y recursos naturales, y mantener el apoyo en emergencias. Se instruye elevar un relevamiento de prioridades en 90 días.