El Gobierno argentino ha enviado al Congreso un proyecto de ley para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado, con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas. La iniciativa busca establecer un régimen que incluya registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados que buscan influir en decisiones públicas, como la elaboración de leyes, licitaciones o la asignación de subsidios. El proyecto define la gestión de intereses y excluye actividades como las de carácter protocolar, académico o periodístico, siempre que no busquen influir en decisiones específicas. La propuesta prevé la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses y establece incompatibilidades para funcionarios públicos. Iniciativas similares han sido presentadas previamente en el Congreso, y existen antecedentes de regulación de lobby en países como Estados Unidos y en la Unión Europea.