El Gobierno argentino está reevaluando la posible resurrección del proyecto de ley "Inocencia Fiscal" tras la salida de Manuel Adorni. El Ministro de Economía, Luis Caputo, considera esta reforma fundamental para limitar el asedio penal-tributario y busca destrabarla en las comisiones del Congreso. La propuesta busca ampliar los beneficios para quienes se adhieran voluntariamente, fortaleciendo el principio de que el Estado presume la buena fe del contribuyente si este cumple con sus obligaciones. Se evalúan cambios como el aumento de montos protegidos, mayor seguridad jurídica sobre la información fiscal y la flexibilización de requisitos administrativos, con el objetivo de reducir la incertidumbre y fomentar el ingreso de capitales a la formalidad, promoviendo un cambio de paradigma en la relación Estado-contribuyente.