El Gobierno argentino ha anunciado una nueva política nuclear para 2026, marcada por la incorporación explícita del sector privado como socio estratégico en actividades nucleares con potencial comercial. Este cambio doctrinal, publicado por la Secretaría de Asuntos Nucleares, busca abrir la puerta a inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, y a asociaciones público-privadas, alineándose con una filosofía de "exportaciones de alto valor agregado" como objetivo primordial. La política enfatiza la "validación comercial" y la "sustentabilidad económico-financiera" de los proyectos, alejándose de la histórica soberanía tecnológica estatal. Este giro se produce en medio de debates sobre la explotación de uranio y la posible venta de activos de la CNEA, y mientras Argentina busca atraer inversiones en un sector sensible y estratégicamente disputado a nivel global.