El Gobierno argentino propone a las universidades un acuerdo de financiamiento para resolver la disputa judicial en torno a la Ley de Financiamiento. La oferta implica transferir fondos según el proyecto de reforma enviado al Congreso, que solo reconocería la pérdida salarial docente de 2025 y no desde 2023. A cambio, las universidades deberían retirar la medida cautelar presentada ante la Corte Suprema, que exige el cumplimiento de la ley actual y podría obligar al Ejecutivo a desembolsar 2,5 billones de pesos. Los fondos propuestos, con aprobación del Ministerio de Economía, se ejecutarían al cierre del acuerdo. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) niega haber recibido alguna propuesta formal. El proyecto oficialista difiere de la ley vigente al plantear aumentos en tres tramos hasta 2025 y no obligar a actualizaciones por inflación.