El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a agilizar los procesos judiciales por corrupción mediante un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado tras un informe de la UCO que implicaba al número tres del PSOE, Santos Cerdán. Entre las medidas propuestas estaba dar carácter preferente a las causas contra cargos públicos, equiparándolas a las de presos, y estudiar un procedimiento sumario para acelerar los trámites. Sin embargo, ahora que el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión por las mordidas en contratos de mascarillas, el Gobierno critica las prisas.