El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por Elma Saiz, diseñó un operativo para regularizar hasta un millón de inmigrantes en situación administrativa irregular, pese a que en público se prometió que solo 500.000 personas se beneficiarían. Según fuentes del ministerio, se contemplaron tres escenarios: uno basado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2023, que estimaba entre 390.000 y 470.000 irregulares; otro intermedio, entre esa cifra y las proyecciones de Funcas; y un tercero, el peor caso, que alcanzaba el millón de solicitudes. La realidad superó incluso este último vaticinio, ya que se recibieron 977.876 solicitudes telemáticas y 197.102 presenciales, sumando más de 1,17 millones de peticiones.